La dirigencia peronista apuntó contra el Ejecutivo Municipal por desplegar un “esquema de hostigamiento” hacia los empleados públicos. El documento también cuestiona trabas en el Boleto Estudiantil, recortes en comedores y clausuras arbitrarias a comercios locales.
El Consejo Municipal del Partido Justicialista de Paso de los Libres emitió un duro pronunciamiento luego de reunirse en sesión ordinaria el pasado viernes 22 de mayo. Bajo el título “Declaración pública: El Partido Justicialista de Paso de los Libres en defensa del pueblo”, la dirigencia partidaria, encabezada por su presidente Martín Ignacio Ascúa, denunció una “alarmante situación institucional, social y económica” en la localidad y exigió respuestas inmediatas al Ejecutivo Municipal. El eje central de la publicación radica en una serie de graves acusaciones sobre el manejo de los recursos humanos dentro de la administración pública local, sumado al avasallamiento de derechos sociales y económicos que afectan de manera directa a los vecinos y sectores productivos de la ciudad.
La conducción partidaria manifestó un enérgico repudio ante lo que consideran un sistemático esquema de hostigamiento laboral y persecución política desplegado contra el personal de la administración pública municipal. Según detallan, se detectó la ejecución de procedimientos administrativos irregulares que lesionan gravemente los derechos de los trabajadores mediante acciones coordinadas. Entre ellas, señalaron la afectación arbitraria de funciones al pasar permanentemente a los agentes a la condición de “disposición de personal”, privándolos de su derecho a una ocupación efectiva, además de una situación de indefensión administrativa al exigirles que ellos mismos gestionen y localicen un área vacante para prestar servicios.
En el mismo sentido, la denuncia profundiza en una supuesta maniobra de simulación para el cese de haberes y despidos. El PJ libreño afirmó que se aparta de hecho a los agentes de sus puestos mediante directivas verbales de retirarse a sus domicilios, configurando una inducción al error que posteriormente se utiliza para decretar cesantías bajo el falso argumento de “inasistencia injustificada”. Frente a este escenario, que calificaron como un método de despido encubierto y un ataque a la dignidad humana, exigieron al Ejecutivo Municipal el cese inmediato de estas prácticas, invocando el estricto respeto a las garantías de estabilidad del empleado público consagradas en los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional.
Más allá de la situación interna del Municipio, el documento aborda el conflicto social y educativo en torno al transporte escolar, exigiendo de manera perentoria la plena vigencia y el cumplimiento efectivo del derecho al Boleto Estudiantil Gratuito. Las autoridades del partido rechazaron la implementación de requisitos discriminatorios de imposible cumplimiento y metodologías subjetivas que dejan el otorgamiento del beneficio al exclusivo arbitrio y humor del funcionario de turno. Advirtieron que obstaculizar el acceso a este derecho en el contexto actual empuja a la deserción escolar y condena el futuro de los jóvenes de Paso de los Libres, violando además tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
La crisis económica y la asistencia social también ocupan un lugar central en el reclamo. El justicialismo expresó su más profundo rechazo al inhumano ajuste y racionamiento en la entrega de mercaderías e insumos destinados a los comedores y merenderos comunitarios. La dirigencia calificó como un acto de crueldad institucional inaceptable el quitarle el alimento a los sectores más vulnerables en medio de la asfixiante crisis que golpea a la ciudad y la provincia, sosteniendo que la soberanía alimentaria y la asistencia a la niñez deben ser prioridades presupuestarias innegociables.
Por otra parte, extienden las críticas hacia el trato que recibe el sector productivo local, repudiando el hostigamiento y la persecución que sufre el comercio a raíz de la exigencia de requisitos excesivos y burocráticos, sumada a una ola de clausuras injustificadas. Para el PJ, estas medidas atentan directamente contra el motor económico de la ciudad y destruyen puestos de trabajo genuinos en un momento de recesión donde el Municipio debería acompañar y fomentar la actividad en lugar de golpear el derecho constitucional de comerciar y ejercer industria lícita.
Finalmente, el pronunciamiento adquiere un carácter de alcance nacional porque el peronismo de Paso de los Libres levantó la voz para repudiar el lawfare y exigir la inmediata liberación de Cristina Fernández de Kirchner. Desde el Consejo Municipal afirmaron que la exmandataria se encuentra detenida y encarcelada de manera injusta e ilegal mediante un proceso judicial viciado, concluyendo que esta situación lesiona gravemente el Estado de Derecho y las garantías democráticas de la Nación.
