Las legisladoras de Provincias Unidas María Inés Zigarán y Mariela Coletta presentaron un proyecto de declaración para ratificar la vigencia de la Convención Belém Do Pará y alertar sobre el retroceso en materia de derechos humanos.
Las diputadas radicales del bloque Provincias Unidas, María Inés Zigarán y Mariela Coletta, presentaron un proyecto de declaración con el objetivo de reafirmar el compromiso del país con la Convención Belém Do Pará, orientada a la erradicación de la violencia contra las mujeres. La iniciativa surge como una respuesta directa y un rechazo al proyecto de ley de la senadora de la UCR Carolina Losada, que busca endurecer las penas por falsas denuncias y falsos testimonios en casos de violencia de género y abusos.
La propuesta de Zigarán y Coletta cuenta con el respaldo de otros miembros de su espacio político, como Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Esteban Paulón y Martín Lousteau, además del apoyo de Mónica Frade, de la Coalición Cívica. Las autoras argumentaron en los fundamentos que el texto impulsado por Losada plantea una regresión normativa que atenta contra el principio de progresividad en los derechos humanos. Aunque el tratamiento del proyecto de la senadora santafesina comenzó a debatirse en comisión, la fuerte resistencia y la indignación que generó en diversos sectores forzaron su postergación en la agenda del Senado.
Una denuncia penal contra la senadora
En paralelo al debate legislativo, el pasado 11 de mayo un colectivo de profesionales de la salud mental, investigadores y referentes de derechos humanos —encabezado por el exjuez Carlos Rozanski, la psicóloga Liliana Hendel y la especialista Dora Barrancos— radicó una denuncia penal contra Losada en la Justicia Federal. Se la acusa de coacción, encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y apología del crimen, bajo el argumento de que su propuesta busca amedrentar a los profesionales para que eviten atender a menores víctimas de delitos sexuales.
La presentación judicial sostiene que la iniciativa de Losada carece de sustento estadístico. Para demostrarlo, cita un relevamiento del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos que analizó más de ocho millones de causas penales en 17 provincias entre 2023 y 2025. Los datos indican que:
- Las investigaciones por supuestas falsas denuncias representaron apenas el 0,09% del total de los casos (una cada 1.098 causas).
- Los presuntos falsos testimonios alcanzaron solo el 0,025% (uno cada 3.940 expedientes).
- El 86% de los expedientes por falsedades estuvo ligado a disputas de carácter patrimonial o laboral, ajenas a situaciones de violencia intrafamiliar o de género.
La denuncia penal fue acompañada por las firmas de figuras de extensa trayectoria en el ámbito de los derechos humanos y la ciencia, tales como Nora Schulman, Nelly Minyersky, Taty Almeida, el sacerdote Francisco «Paco» Olveira, Mónica Macha, Susana Toporosi, Diana Maffía y Alberto Kornblihtt.
El núcleo de la reforma propuesta
El proyecto presentado por Carolina Losada apunta a modificar los artículos 245 y 275 del Código Penal para endurecer los castigos vigentes, limitando este incremento penal de forma exclusiva a los casos vinculados con violencia de género, abuso sexual o agresiones contra las infancias.
La reforma busca elevar la escala penal de las denuncias falsas —que hoy es de dos meses a un año— a un rango de tres a seis años de prisión, lo que transformaría al delito en no excarcelable. En cuanto al falso testimonio, aplicable a testigos y peritos, la intención es elevar la pena actual de uno a cuatro años a una nueva escala de tres a ocho años de cárcel.
Mientras Losada argumenta que su propuesta pretende frenar medidas judiciales dictadas sin las pruebas suficientes y resguardar a los denunciados, los sectores que se oponen advierten que un endurecimiento de este tipo generará un efecto inhibitorio inmediato, provocando que las víctimas desistan de acudir a la Justicia por temor a terminar siendo perseguidas penalmente.
