Una nueva iniciativa en el Congreso propone una regulación integral que alinearía al país con las naciones que abandonaron el prohibicionismo para garantizar los derechos de los usuarios.
El debate por la regulación del cannabis tomó un nuevo impulso en el Congreso de la Nación con la presentación de un proyecto de ley que propone la legalización integral de su uso, autocultivo y comercialización bajo control del Estado. La iniciativa, impulsada por los diputados nacionales Myriam Bregman y Nicolás del Caño, busca dar un giro histórico en la legislación actual y colocar a la Argentina en el mapa de los países que avanzaron decididamente en el reconocimiento de las libertades individuales y los derechos de los ciudadanos.
Al fundamentar la propuesta, los legisladores señalaron el fracaso del paradigma prohibicionista instaurado por la Ley de Estupefacientes de 1989. Según explicaron, dicho modelo no solo propició un aumento exponencial del narcotráfico, sino que generó violencia, estigmatización y la criminalización de los usuarios, afectando con mayor severidad a los sectores más vulnerables. Con este cambio de enfoque, Argentina adoptaría una tendencia internacional compartida por países como Uruguay, Canadá, Colombia, Chile, Países Bajos, Israel, Australia y diversos estados de los Estados Unidos, donde la despenalización y regulación abrieron paso a una gestión basada en los derechos humanos y la salud pública.
El texto del proyecto establece en su primer artículo que el cannabis, sus semillas y derivados serán considerados sustancias de uso legal en todo el territorio nacional, abarcando desde la plantación y el cultivo hasta la comercialización y el consumo. La venta será libre en el país, mientras que las exportaciones requerirán la autorización previa del Ministerio de Salud. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) actuará como autoridad de aplicación para fiscalizar los productos comerciales y garantizar que el público reciba información clara sobre sus componentes. En contraposición, el autocultivo individual o colectivo destinado al consumo personal quedará completamente exento de control estatal, resguardando así el ámbito de la privacidad.
En materia de convivencia y salud, la propuesta contempla restricciones de comercialización y consumo en espacios específicos, asimilando el uso recreativo del cannabis a las normativas vigentes para el tabaco. De este modo, estará prohibido fumar en oficinas públicas, establecimientos educativos y sanitarios, medios de transporte y salas de espectáculos. Asimismo, se veda la publicidad y el patrocinio de estos productos, a excepción de aquellos destinados a fines medicinales. El Poder Ejecutivo tendrá la obligación de implementar campañas educativas y de concientización orientadas a desestigmatizar la planta y promover políticas de reducción de daños.
El proyecto también incluye una fuerte impronta social y científica. Por un lado, ordena a la ANMAT garantizar la provisión gratuita de cannabis para pacientes con indicaciones medicinales o terapéuticas, y promueve el estímulo estatal a la investigación científica mediante convenios con universidades públicas y organizaciones civiles. Por el otro, establece una amnistía total para todas las personas denunciadas, procesadas o condenadas por narcomenudeo, consumo o autocultivo, extinguiendo las penas y eliminando los antecedentes registrales. Finalmente, se autoriza la creación de Clubes Sociales de cannabis sin fines de lucro, consolidando un modelo que prioriza las libertades civiles frente a las políticas punitivas.
