El juez de Garantías tomó la histórica decisión sobre el exjefe comunal y dos de sus exfuncionarios tras la desaparición de documentación clave para la causa que investiga el desvío de más de 110 millones de pesos.
Una medida judicial prácticamente inédita sacude por estas horas al sur del departamento de Goya. En el marco de una causa por presunta corrupción, la Justicia imputó al exintendente de San Isidro, Carlos Martínez, y a dos de sus excolaboradores por el supuesto desvío de unos 110 millones de pesos. Ante la gravedad del escenario, el magistrado a cargo resolvió prohibir que los tres implicados se acerquen al edificio municipal.
La medida cautelar se dictó durante una audiencia pública que contó con una masiva concurrencia de funcionarios actuales, dirigentes políticos y vecinos que siguen de cerca el caso. La restricción del juez se fundamentó en un antecedente inmediato: en diciembre pasado, a solo horas de que la gestión anterior dejara el poder, desapareció de la comuna una caja que contenía documentación crucial para el avance de la denuncia.
Por este motivo, el juez de Garantías Carlos Balestra ordenó de forma preventiva que el exintendente Martínez, el exsecretario de Gobierno Dante Darío Morato y el subexsecretario de Hacienda Ventura Martínez mantengan una distancia mínima de 50 metros respecto del palacio municipal.
Además de la perimetral, el magistrado dispuso la inhibición general de bienes de los tres imputados, la obligación de presentarse periódicamente ante el Juzgado y la prohibición de abandonar la provincia sin autorización judicial previa mientras se desarrolla la investigación.
La resolución generó una fuerte repercusión política e institucional en la región, dado que no existen antecedentes cercanos de restricciones de este tipo para exfuncionarios que, hasta hace pocos meses, conducían los destinos de la localidad.
Los detalles de la acusación
La investigación penal se centra en el presunto desvío de $110.787.000. Ese monto formaba parte de una partida total de 943 millones de pesos que el Gobierno Provincial había enviado al municipio con un destino específico: la ejecución de la obra de la avenida de acceso a la localidad.
Actualmente, el Municipio actúa bajo una nueva administración mientras la Fiscalía y la querella avanzan en la recolección de pruebas materiales y testimoniales, en un expediente que promete seguir sumando capítulos y que ya se perfila como uno de los procesos judiciales de mayor impacto político en el interior correntino.
