La jefa del bloque oficialista en la Cámara alta profundizó la grieta interna en La Libertad Avanza al rechazar el veto a un pliego judicial impulsado por la Casa Rosada, un movimiento que expone sus ambiciones de posicionarse como una alternativa presidenciable fuera del esquema de gobierno.
La interna en La Libertad Avanza (LLA) estalló a cielo abierto en el Senado y dejó en evidencia que Patricia Bullrich ya no disimula sus diferencias con la conducción del Poder Ejecutivo. La tensión llegó a su punto crítico tras trascender que la expresidenta del PRO puso su renuncia a disposición de la jefatura del bloque. Aunque el presidente Javier Milei habría rechazado la dimisión, el portazo institucional expone la decisión de la dirigente de tomar distancia de la gestión nacional, alimentando las versiones de que ya planifica su salida definitiva para posicionarse como una opción presidenciable desde otro espacio político.
El detonante del conflicto fue la orden de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, de retirar el pliego de la doctora Verónica Michelli para la justicia federal de La Plata. Bullrich rechazó de plano la directiva de la Casa Rosada y rompió la disciplina partidaria de manera tajante: “Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a jueza federal”, sentenció. Esta diferenciación no es nueva, sino el pico de un distanciamiento que sumó roces meses atrás, cuando Bullrich exigió públicamente la declaración jurada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante las denuncias por el crecimiento de su patrimonio.
La jugada de Bullrich arrastró el respaldo de los bloques dialoguistas y paralizó la agenda legislativa del oficialismo. Desde la Unión Cívica Radical, la senadora Carolina Losada ratificó que votará “en contra” de retirar la postulación de Michelli y adelantó que todo su bloque adoptará la misma postura, argumentando: “No encuentro ninguna razón para que no pueda ser jueza y la voy a apoyar”. A esta postura crítica hacia la maniobra del Gobierno se sumaron también el Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires y las agrupaciones Integridad Republicana y Será Justicia.
Esta crisis interna paralizó de forma inmediata el tratamiento de los nombramientos en la Cámara Alta. Si bien la Comisión de Acuerdos elevó 73 pliegos que ya estaban en condiciones de ser tratados en el recinto —entre ellos los de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema; Ana María Cristina Juan, esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi; Juan Pablo Moldes y Laureano Durán—, la falta de consenso por el caso Michelli trabó la sesión. En lista de espera y bajo severo cuestionamiento quedaron también las postulaciones de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, objetados por fallos vinculados a los dirigentes de la AFA Carlos Tapia y Pablo Toviggino, y el pliego de Juan Mejuto. Con este escenario, el desafío de Bullrich no solo empantanó la agenda judicial, sino que confirmó la ruptura definitiva de su alianza con el esquema libertario.
