Noel Eugenio Breard – Senador Provincial UCR.
La entrevista publicada por Clarín al ingeniero catalán Mateo Valero Cortés plantea una advertencia que deberíamos incorporar con urgencia a nuestra agenda: sin soberanía tecnológica, la soberanía económica y política será cada vez más limitada. La inteligencia artificial no son solamente algoritmos, detrás existen semiconductores, supercomputadoras, centros de datos, energía, minerales críticos, universidades, científicos, capital y conocimiento. Estamos frente a una nueva dimensión del poder mundial.
Estados Unidos y China lo comprendieron tempranamente, mientras Europa intenta recuperar terreno enfrentando una dificultad adicional (numerosos Estados que deben coordinar intereses diferentes para alcanzar escala). La pregunta resulta inevitable: si Europa necesita integrarse para competir, ¿qué posibilidades tienen Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay o cualquier país latinoamericano actuando aisladamente? La respuesta exige superar una discusión que nos paraliza, porque el desafío tecnológico está muy por encima de nuestras grietas y es demasiado trascendente para quedar atrapado entre gobiernos de derecha, izquierda, liberales, socialdemócratas o populismos de cualquier signo.
Los gobiernos cambian, pero una política científica necesita décadas, porque un investigador requiere años de formación, una supercomputadora demanda enormes inversiones y un ecosistema tecnológico necesita continuidad. Destruir capacidades acumuladas porque cambió un gobierno puede llevar meses, reconstruirlas puede demandar décadas.
Argentina enfrenta además una contradicción preocupante, porque mientras las grandes potencias disputan científicos, conocimiento e infraestructura, debilitamos nuestras capacidades científicas y a la vez ofrecemos aquello que la nueva economía necesita (energía, minerales, agua, territorio y recursos naturales). El problema no es recibir inversiones extranjeras, las necesitamos, el problema es determinar desde qué posición las recibimos. El RIGI y sus ampliaciones pueden ser instrumentos válidos, pero cuando grandes actores reciben excepciones fiscales, aduaneras y cambiarias mientras nuestras PyMEs enfrentan condiciones muy diferentes, no desaparece la política industrial: simplemente se eligen otros beneficiarios.
Algo semejante ocurre con las reformas societarias vinculadas a sociedades automatizadas y DAO, donde modernizar el derecho resulta indispensable, aunque innovación no puede significar irresponsabilidad. Detrás de un algoritmo existen seres humanos que programan, financian, controlan o reciben beneficios, y la inteligencia artificial no puede transformarse en un velo jurídico detrás del cual desaparezca la responsabilidad humana. Modernizar no significa desproteger.
No necesitamos comenzar desde cero, porque tenemos dos antecedentes que pueden ser nuestro punto de partida, actualizados al siglo XXI. El primero es el Triángulo de Sábato, formulado por Jorge Sábato y Natalio Botana (gobierno, infraestructura científico-tecnológica y estructura productiva), y su intuición conserva enorme actualidad, porque ni científicos aislados, ni empresarios desconectados del conocimiento, ni un Estado actuando por su cuenta pueden producir soberanía tecnológica. Necesitamos ahora un Triángulo de Sábato regional y digital, donde el vértice gubernamental integre Estados, el científico conecte universidades, investigadores y centros tecnológicos latinoamericanos, y el productivo incorpore PyMEs, startups y grandes empresas, sumando transversalmente datos, supercomputación, energía, ciberseguridad, biotecnología, tecnología nuclear, minerales críticos y protección de derechos humanos.
El segundo antecedente son los protocolos Alfonsín-Sarney, cuando Argentina y Brasil comprendieron en los años ochenta que dos países históricamente desconfiados podían sustituir competencia por cooperación en sectores estratégicos como energía, biotecnología, comunicaciones, tecnología nuclear y bienes de capital. La enseñanza continúa vigente: compartir multiplica.
Existe una idea equivocada según la cual integrarse significa resignar soberanía, cuando en el siglo XXI sucede exactamente lo contrario, porque los espacios ampliados fortalecen las soberanías nacionales al generar escalas que individualmente nuestros países no poseen. Compartir supercomputación no divide nuestra capacidad sino que la multiplica, compartir investigadores amplía las posibilidades científicas y compartir financiamiento permite proyectos imposibles para presupuestos aislados. Soberanía tecnológica tampoco significa autarquía, significa tener conocimiento, infraestructura y capacidad de decisión suficientes para cooperar con Estados Unidos, China, Europa, India y los demás centros tecnológicos sin quedar subordinados a ninguno.
Pretender construir de inmediato una arquitectura tecnológica para toda América Latina sería voluntarismo, necesitamos gradualidad, y el primer escalón debe ser el Mercosur mediante un regionalismo abierto que nos integre entre nosotros para relacionarnos mejor con el mundo. Podemos comenzar compartiendo programas científicos, supercomputación, formación de investigadores, centros de datos, biotecnología, tecnología nuclear y espacial, ciberseguridad y proyectos energéticos, con financiamiento plurianual común, porque sin presupuesto la soberanía tecnológica será solamente un discurso. Después debemos ampliar ese espacio hacia Sudamérica y finalmente hacia los 33 países de la CELAC: primero construir escala regional, después negociar desde esa nueva escala.
Existe además una condición decisiva, el proyecto debe protegerse incluso de las oscilaciones ideológicas de los países que lo integren, porque no podemos invertir veinte años en infraestructura científica regional para que un cambio electoral destruya lo construido. Unos nuevos Protocolos Alfonsín-Sarney para la Inteligencia Artificial y la Soberanía Tecnológica deberían tener compromisos plurianuales, fondos permanentes, organismos técnicos profesionales y mecanismos que eleven el costo de abandonar unilateralmente los proyectos estratégicos. No se trata de limitar la democracia, todo lo contrario, significa construir consensos suficientemente fuertes para sobrevivir a las alternancias, porque no necesitamos solamente acuerdos entre gobiernos, necesitamos instituciones que sobrevivan a los gobiernos.
América Latina posee alimentos, biodiversidad, litio, cobre, gas, petróleo, agua, energía hidroeléctrica y nuclear, territorio, universidades y cientos de millones de habitantes, de modo que nuestro déficit histórico no es la falta de recursos sino la incapacidad para convertirlos en escala organizada, conocimiento y poder negociador. Aldo Ferrer enseñaba que cada país tiene la globalización que se merece según la calidad de sus respuestas frente a ella, y hoy debemos actualizar aquella idea: cada país tendrá la inteligencia artificial que sea capaz de construir, y América Latina tendrá la soberanía tecnológica que sea capaz de construir en conjunto. El camino puede comenzar en el Mercosur, inspirado en el Triángulo de Sábato y los protocolos Alfonsín-Sarney, crecer hasta la CELAC y desde allí cooperar con el mundo, con muchas banderas nacionales pero una sola bandera estratégica, porque compartir capacidades no divide soberanía sino que la multiplica, y quizás ésta sea también una manera concreta de salir de la grieta: comprender que hay desafíos demasiado grandes para seguir enfrentándolos separados.
