La iniciativa fija un plazo de dos años para reforzar la prevención y el presupuesto contra los femicidios. El bloque de La Libertad Avanza rechazó el despacho y apuntó al oportunismo de la medida.
Diputados nacionales de la oposición emitieron un dictamen de mayoría para declarar la emergencia pública nacional en materia de violencia de género contra las mujeres y diversidades. La iniciativa se trató en la comisión de Mujeres y Diversidad, bajo la conducción de Gabriela Estévez, y apunta a mitigar los índices de violencia machista mediante herramientas de prevención en todo el territorio argentino.
El proyecto plantea que la emergencia rija por el término de dos años, con la posibilidad de extenderse por el mismo plazo. La Libertad Avanza decidió no acompañar la propuesta, lo que expuso nuevamente las diferencias de criterio entre el oficialismo y los bloques opositores respecto a las políticas de protección y financiamiento estatal.
El duro diagnóstico de las provincias
Durante el debate, la diputada correntina Nancy Sand lamentó la urgencia de tener que exigir que dejen de matar a las mujeres y diversidades, calificando la situación como una problemática real que azota al país. La legisladora argumentó que las leyes no tienen utilidad si no están acompañadas por una “decisión política, sensibilidad social y recursos reales y efectivos” por parte del Estado.
Sand repasó el historial reciente de las estadísticas de criminalidad para justificar el dictamen: en 2024 se reportaron 147 femicidios, mientras que en 2025 la cifra trepó a un piso de 200 casos, con Buenos Aires a la cabeza en volumen y provincias como Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Chaco y Jujuy con las tasas más altas por habitante. Respecto al año 2026, alertó que en lo que va del transcurso anual ya se contabilizan alrededor de un centenar de víctimas fatales, lo que representa un crimen cada 35 horas.
Por su parte, Esteban Paulón arremetió contra el Poder Ejecutivo al que acusó de desmantelar los programas de prevención y denunció un incumplimiento total de la Ley Micaela en los organismos públicos. El legislador socialista aportó que en el año en curso ya se registraron 125 tentativas de femicidio y criticó el escenario de “desfinanciamiento” y “negacionismo” que, según su visión, impera en la gestión central.
El debate presupuestario y la respuesta oficial
Desde la izquierda, Myriam Bregman asumió como secretaria tercera de la comisión y anticipó el respaldo de su espacio al despacho de mayoría, aunque con disidencias parciales. Bregman remarcó que cualquier transformación estructural requiere un presupuesto real y enfatizó que la discusión de fondo radica en cómo se orientan los fondos públicos para investigar los casos y proteger de manera efectiva a quienes denuncian.
La contraparte del debate estuvo a cargo de la diputada oficialista María Gabriela Flores, quien cuestionó que la oposición no haya consultado a los representantes de La Libertad Avanza para consensuar la redacción antes de avanzar con la firma del dictamen.
La legisladora salteña calificó la iniciativa como un intento con “objetivo efectista y oportunista” que busca capitalizar el malestar de la sociedad para proyectar una imagen de insensibilidad sobre el sector liberal. Flores concluyó su intervención aclarando que el bloque oficialista no niega la existencia de la violencia hacia las mujeres, sino que rechaza la efectividad de los programas aplicados hasta el año 2023, bajo la premisa de que “el feminismo no es de nadie”.
