Las cinco fuerzas federales realizarán un abrazo simbólico al edificio Centinela el 2 de abril. Denuncian un abandono total por parte del Gobierno nacional, haberes que no cubren la canasta básica y el colapso de su obra social.
Bajo la gestión de Javier Milei, el slogan oficialista de «cuidar a quienes nos cuidan» parece haberse convertido en una cáscara vacía. En un hecho histórico que marca un punto de inflexión y evidencia el creciente malestar en las filas uniformadas, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la PSA y el Servicio Penitenciario Federal anunciaron una protesta unificada para el próximo jueves 2 de abril.
La fecha, cargada de simbolismo por el aniversario de la guerra de Malvinas, será el escenario de un abrazo al edificio Centinela en Retiro. El reclamo es urgente y desesperado: los efectivos denuncian que sus sueldos han quedado pulverizados frente a la inflación y hoy se encuentran por debajo de la línea de pobreza.
El fin de la paciencia: sueldos de miseria y pluriempleo
A pesar de la narrativa de «orden» que intenta proyectar la Casa Rosada, la realidad puertas adentro de las fuerzas es de precariedad absoluta. La falta de actualización salarial desde finales de 2025 ha empujado a miles de agentes a una situación de vulnerabilidad extrema, obligándolos a recurrir a trabajos adicionales para garantizar el sustento de sus familias.
A este asfixiante panorama económico se suma la crisis terminal de IOSFA. La obra social de las fuerzas se encuentra en un estado de colapso que deja a los afiliados de todo el país sin prestaciones básicas o con coberturas que resultan, en la práctica, inexistentes.
Corrupción y abandono: el antecedente de Casa Rosada
El malestar no es una novedad, sino el resultado de un acumulado de desidia. El pasado 4 de febrero, la imagen del cabo Miguel Ángel Montiel encadenado a las rejas de la Casa Rosada expuso las costuras rotas del sistema. Montiel no solo reclamó por salarios; denunció una estructura de corrupción que incluye la falsificación de planillas y el cobro de horas fantasma.
«Esto es corrupción y no tiene que existir… estamos completamente abandonados», había sentenciado el efectivo de la PFA, vinculando la degradación ética de la fuerza con el vaciamiento del Hospital Churruca y la falta de recursos mínimos para operar.
Una contradicción insostenible
La convocatoria unificada de las cinco fuerzas representa un duro golpe político para un Gobierno que hizo de la seguridad una de sus banderas de campaña. Sin embargo, la brecha entre el discurso de la ministra Patricia Bullrich y la realidad de los agentes es cada vez más ancha.
Mientras el Ministerio de Seguridad mantiene un silencio absoluto ante las consultas de la prensa, la tensión en las bases sigue escalando. Los efectivos ya no se conforman con palmadas en el hombro o fotos oficiales; exigen una recomposición que les permita, al menos, salir de la pobreza. El 2 de abril, el Gobierno enfrentará una postal que intentó evitar: la de sus propias fuerzas de seguridad reclamando en la calle contra el ajuste.
