A través de una carta enviada a la Corte Suprema, denunciaron “proscripción” y “arbitrariedad” en las condiciones de detención de la ex vicepresidenta.
Senadores y diputados de Unión por la Patria brindaron una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación para manifestar su enérgico rechazo a la prisión domiciliaria que cumple Cristina Kirchner desde hace un año, en el marco de la condena por la causa Vialidad. Tras el encuentro con los medios, el interbloque consideró que existe arbitrariedad y “proscripción” hacia la ex mandataria, por lo que enviaron sendas cartas a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de la Magistratura para reclamar que se ponga fin a esa situación.
El presidente del bloque en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, fue el principal orador y lanzó duras críticas hacia el rol de los jueces. “No hay democracia cuando el Poder Judicial se mete, se inmiscuye en la competencia política a través de sus sentencias” ni “cuando el Poder Judicial se convierte en un instrumento de disciplinamiento político”, afirmó. En ese sentido, continuó argumentando que “no hay plena democracia cuando se impide el derecho de la ciudadanía a elegir libremente sus representantes. No hay plena democracia cuando se impide participar de la vida institucional y política a una dirigente de la talla de Cristina Fernández de Kirchner. No hay plena democracia cuando la injusta y arbitraria detención de Cristina se ve agravada además por condiciones absolutamente excepcionales y restrictivas”.
Llamado a la oposición y críticas al oficialismo
Durante su discurso, el legislador interpeló de forma directa al resto del arco político local: “Lo decimos con mucho respeto, pero también con mucha convicción: las fuerzas políticas democráticas en la Argentina no pueden permanecer calladas ni mirando para otro lado frente a todas las arbitrariedades cometidas contra Cristina”.
Asimismo, les advirtió que “el silencio y en muchos casos la convalidación de este accionar no va a impedir que estos rasgos antidemocráticos terminen más temprano que tarde recayendo sobre la totalidad del sistema institucional político de la Argentina”. En ese contexto, también apuntó contra el actual mandatario, Javier Milei, y el ex presidente Mauricio Macri, acusándolos de exponer “la discrecionalidad y la arbitrariedad no solamente de este fallo sino de toda la persecución contra Cristina”.
Puso de ejemplo al actual jefe de Estado rememorando cuando en una entrevista televisiva había dicho que es el “primer presidente que tomó la decisión que vaya presa” la ex mandataria. A su vez, hizo referencia a Mauricio Macri, quien días atrás sostuvo de forma irónica ante la posibilidad de ser funcional al kirchnerismo en 2027: “Pregúntenle a Cristina si favorecimos al kirchnerismo en estos años”.
Para finalizar, Martínez vinculó la situación judicial con la realidad socioeconómica: “Estamos convencidos que no van a poder tapar la profunda recesión que atraviesa todo el territorio nacional. No van a poder tapar el desempleo que crece y el miedo a perder el trabajo que carcome a los argentinos. No van a poder tapar la caída de los salarios de los trabajadores. No van a poder tapar la falta de medicamentos y condiciones de miseria en la cual tienen a nuestros jubilados. No van a poder tapar la situación de endeudamiento angustiante que sufren miles de familias argentinas. No van a poder tapar la situación dramática de las pymes y el comercio”.
Datos oficiales evidencian un trato diferencial
Por otra parte, respecto de las condiciones de detención de Cristina Kirchner, los legisladores solicitaron que se les brinde información sobre las restricciones que pesan sobre los detenidos con prisión domiciliaria en el área de la Justicia Federal con competencia penal en el país, para realizar una comparación con la situación de la ex presidenta.
Al respecto, Martínez sentenció: “Ni los genocidas ni los narcotraficantes tienen condiciones de detención domiciliaria como las que se le aplican a Cristina Fernández de Kirchner”. Los datos oficiales obtenidos por el bloque arrojaron el siguiente panorama:
Población bajo arresto domiciliario: Se registran actualmente 2.513 detenidos en el ámbito de la Justicia Federal con competencia penal en todo el país.
Uso de tobilleras electrónicas: Del total de casos con información disponible, apenas el 23,96% de los detenidos utiliza este dispositivo de monitoreo.
Proporción general: El porcentaje de control electrónico desciende al 19,54% cuando se analiza el universo global informado, lo que para los legisladores demuestra la excepcionalidad y el rigor selectivo aplicado en las condiciones de detención de la ex presidenta.
