La Justicia de Goya formalizó los cargos contra las exautoridades por el supuesto desvío de más de 100 millones de pesos destinados a la pavimentación del acceso local. La Fiscalía evalúa pedir prisión preventiva.
En una audiencia realizada este martes por la mañana, la Justicia de Goya formalizó la imputación contra el exintendente de la Municipalidad de San Isidro, Carlos Ismael Martínez, su exsecretario de Gobierno, Dante Morato, y su exsecretario de Hacienda, Ventura Martínez, en el marco de una causa que investiga la presunta malversación de caudales públicos por más de 100 millones de pesos.
La investigación judicial apunta a presuntas irregularidades en el manejo de fondos provinciales destinados a la ejecución de la obra de pavimentación de la avenida de acceso Julián Urquijo, una de las obras públicas más relevantes encaradas en la localidad durante el año 2025.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, los hechos habrían ocurrido entre marzo de 2025 y el 10 de diciembre del mismo año, período en el que los entonces funcionarios habrían tenido una participación activa en el supuesto desvío de fondos enviados por el Gobierno de la Provincia de Corrientes específicamente para la ejecución de esta obra.
Las actuaciones judiciales se iniciaron en diciembre de 2025, luego de una denuncia impulsada por la gestión municipal entrante, encabezada por la intendenta Vilma Ojeda, tras advertir inconsistencias administrativas y financieras vinculadas al destino de los fondos públicos. Posteriormente, la causa atravesó distintas instancias procesales, incluyendo la acumulación de expedientes y medidas investigativas, hasta llegar a la audiencia de formalización concretada hoy.
Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el Ministerio Público Fiscal avanzaría próximamente con un pedido de audiencia de medidas de coerción, instancia en la que solicitaría distintas restricciones procesales contra los imputados. Entre las medidas que se evalúan, se encontrarían pedidos de detención y prisión preventiva para Martínez y los otros dos exfuncionarios.
La causa ya genera una fuerte repercusión política e institucional en San Isidro y en distintos sectores de la provincia, dado el monto presuntamente comprometido y la importancia de la obra pública involucrada.
Por el momento, ninguno de los imputados realizó declaraciones públicas oficiales tras la audiencia desarrollada este martes. La investigación continúa en etapa penal preparatoria bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de Goya.

