La Casa Blanca profundiza el cerco económico y político sobre la isla tras el reciente bloqueo energético y las acusaciones judiciales contra la cúpula de La Habana.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos aplicó este jueves una nueva serie de sanciones financieras dirigidas de forma directa al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, así como a un sector clave de su entorno familiar y político, en el que destaca Alejandro Castro Espín, hijo del exmandatario Raúl Castro.
De acuerdo con la información oficial emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la medida reactiva el congelamiento de activos y la prohibición de operaciones comerciales bajo jurisdicción estadounidense para Díaz-Canel. La disposición ministerial también alcanza a la esposa del mandatario, Lis Cuesta Pedraza; a su hijastro, Manuel Anido Cuesta; y a dos miembros de la dinastía Castro: su hijo Alejandro y su nieto Raúl Alejandro Castro Calis.
Este avance de la administración norteamericana se da en un contexto de máxima tensión, luego del severo bloqueo energético que afectó a la isla y del proceso penal impulsado por la Justicia estadounidense contra Raúl Castro, a quien se acusa por el derribo de aeronaves de organizaciones de exiliados en 1996. Según reportes de la cadena internacional France 24, estas determinaciones forman parte de una estrategia sistemática de presión sobre el Gobierno de La Habana.
La ofensiva de Washington no solo golpea al círculo íntimo del poder, sino que también apunta a los pilares institucionales del sistema cubano. Entre los organismos sancionados figuran los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), una pieza histórica del esquema militar creada en 1959.
Respecto al alcance de las medidas, Donald Trump manifestó ante la prensa que la intención de su administración es lograr que Cuba «fuera un país bien gobernado». Esta acción secunda a la ejecutada el mes pasado, cuando el Gobierno estadounidense penalizó a once altos cargos del país caribeño, incluyendo al ministro de Comunicaciones y a los principales mandos de la inteligencia militar.
