Los legisladores Cecilia Gortari, Emiliano Fernández y Gustavo Canteros presentaron un proyecto de ley para reformar la obra social provincial, nacida bajo una ley de la dictadura. Pese a la urgencia, el oficialismo bloqueó el tratamiento preferencial en la última sesión.
La obra social de los empleados públicos de Corrientes, el IOSCOR, se encuentra en el ojo de la tormenta. El bloque de diputados provinciales de ECO, conformado por Cecilia Gortari, Emiliano Fernández y Gustavo Canteros, presentó un ambicioso proyecto de ley que busca desmantelar una estructura que califican de “obsoleta” y “antidemocrática”. La iniciativa apunta a terminar con una anomalía institucional que se ha naturalizado: una intervención del Poder Ejecutivo que ya supera los 20 años.
Una ley de la dictadura para la democracia de hoy
El diagnóstico de los legisladores es tajante. El IOSCOR todavía se rige por la Ley 3341, dictada el 25 de marzo de 1977 por un interventor militar bajo las facultades de la Junta Militar. “Eso era lógico en una dictadura; hoy vivimos en democracia y necesitamos una ley democrática”, sostienen los fundamentos del proyecto.
Lo más polémico del escenario actual es la permanencia de la intervención. A pesar de que la normativa preveía un Directorio colegiado con representación de los afiliados, los sucesivos gobiernos han optado por sostener el control directo para concentrar el manejo de la caja. Esto, según los diputados, ha eliminado la deliberación y la transparencia en el manejo de los fondos de los trabajadores.
Bloqueo oficialista al tratamiento urgente
Durante la presentación del proyecto, el bloque de ECO solicitó formalmente el tratamiento con preferencia del expediente, buscando acelerar los tiempos ante lo que consideran una “crisis prestacional” que no puede esperar. Sin embargo, el oficialismo no acompañó el pedido, por lo que la iniciativa no pudo ser tratada sobre tablas y fue enviada a comisiones, donde su debate podría dilatarse indefinidamente.
Reglas claras para un sistema en crisis
La propuesta de reforma busca atacar los problemas que hoy terminan en amparos judiciales:
- Plazos obligatorios de respuesta: Tiempos máximos para autorizaciones (24 hs para emergencias). Si el IOSCOR no responde, rige el silencio positivo.
- Piso mínimo de prestaciones: Garantía de un plan obligatorio que no pueda ser recortado por resoluciones administrativas.
- Descentralización real: Que las delegaciones del interior, como las de Paso de los Libres, resuelvan trámites sin depender de la capital.
