El bloque peronista buscaba suspender los incrementos de la DPEC por 180 días, pero el oficialismo bloqueó el tratamiento urgente y envió la iniciativa a comisiones.
La Cámara de Diputados de Corrientes fue escenario de un fuerte cruce político tras el rechazo del oficialismo al tratamiento sobre tablas de un proyecto de ley que proponía congelar las tarifas de energía eléctrica. La iniciativa, impulsada por el bloque peronista, pretendía suspender por seis meses cualquier actualización en los cuadros tarifarios de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), argumentando un desfasaje crítico entre los costos del servicio y los salarios públicos.
La polémica estalló cuando la bancada oficialista se negó a otorgar el tratamiento preferencial solicitado, derivando el expediente a las comisiones de Energía y Hacienda. Esta decisión fue interpretada por la oposición como una maniobra para dilatar una solución urgente ante las facturas que, según denunciaron, han llegado con montos que duplican a los del año anterior, frente a una pauta salarial reciente de apenas el 6%.
Ana Almirón, diputada provincial y presidenta del Partido Justicialista de Corrientes, cuestionó con dureza la postura del oficialismo, señalando una contradicción directa con los programas de asistencia vigentes. «El propio Gobierno lanzó ‘Corrientes Sostiene’ reconociendo que la gente está ahogada económicamente, pero cuando se propone frenar los aumentos de luz, los diputados oficialistas votan en contra», sentenció la legisladora.
El proyecto de ley en disputa no solo plantea el congelamiento por 180 días, sino que incluye la prohibición de cortes de servicio por falta de pago y un plan de regularización de deudas sin intereses. Según Almirón, desde febrero de 2026 los usuarios enfrentan subas del 100% en sus boletas, situación que calificó de insostenible para familias y pequeños comerciantes que hoy se encuentran al borde del cierre.
Tras el rechazo al tratamiento inmediato, el debate se trasladará ahora al ámbito de las comisiones, mientras la oposición insiste en que la medida es un «respiro» indispensable para los sectores más vulnerables, incluidos jubilados, personas con discapacidad y electrodependientes.
