Mientras la provincia de Corrientes atraviesa un fuerte reclamo de los empleados públicos por mejoras en sus haberes, la gestión de Gustavo Valdés logró convertir en Ley la ampliación de un megaproyecto que prioriza la infraestructura por sobre el bolsillo de los trabajadores.
La Cámara de Diputados de Corrientes sancionó la Ley que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación diversos inmuebles en la localidad de Ituzaingó. Con esta normativa, se sumarán más de 700 hectáreas a las 500 ya existentes en el predio del Parque Industrial y el puerto local, una obra que se ha transformado en el eje central de la agenda oficialista.
La votación no fue unánime, ya que los diputados Ricardo «Caíto» Leconte y Pedro Cassani no acompañaron la iniciativa, marcando una fisura en el consenso legislativo sobre la prioridad de estos gastos.
El proyecto, impulsado con celeridad por el Poder Ejecutivo, busca consolidar a la provincia como una potencia forestoindustrial a nivel mundial y proyecta la creación de miles de puestos de trabajo a largo plazo a partir de las empresas que se instalarìan allì. Sin embargo, este despliegue de recursos y expansión territorial genera un marcado contraste con la realidad inmediata de los agentes estatales. En los pasillos de la administración pública, el descontento crece ante la falta de aumentos que compensen la pérdida del poder adquisitivo, marcando una brecha entre las «mega-obras» del futuro y las necesidades urgentes del presente.
Durante la sesión, los legisladores oficialistas destacaron que la ampliación sobre la Ruta Nacional 12 es estratégica para el Mercosur y que la infraestructura es «indispensable para el desarrollo». No obstante, la insistencia del Gobierno provincial en destinar fondos y energía política a la expropiación de tierras en Ituzaingó refuerza la percepción de una gestión concentrada en objetivos macroeconómicos, mientras los salarios provinciales permanecen en un segundo plano dentro de la lista de prioridades de los Valdés.
Dato no menor es que el actual gobernador, Juan Pablo Vadés, y su antecesor, su hermano Gustavo Valdés, son oriundos de Ituzaingó, acaso el municipio más mimado con fondos públicos en los últimos ocho años.
